Con declaraciones ante el juez, Édgar Valdez Villarreal agita los fondos del caso que puso en entredicho la honorabilidad del Ejército y del propio gobierno de Felipe Calderón y en el cual el principal imputado es el general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Defensa y crítico de los desatinos de la guerra calderonista. La Barbie afirma ahora que la SIEDO lo presionó y amenazó para obligarlo a declarar contra los oficiales de alto rango acusados de tener nexos con el narcotráfico. Así empieza a tambalearse uno más de los casos prototípicos de la gestión de la actual titular de la PGR.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En los últimos años La Barbie cobró fama en México expuesto por las autoridades como uno de los narcotraficantes más peligrosos y sanguinarios.
Édgar Valdez Villarreal nació en Laredo, Texas, el 11 de agosto de 1973 y por lo menos desde que tenía 20 años en Estados Unidos se le consideraba un criminal. Entonces tenía un apodo menos glamoroso: Mike.
Hoy usa el uniforme caqui reglamentario de los presos, está rapado y, según dicen quienes lo describen, ha bajado más de 10 kilos. De acuerdo con los testimonios, La Barbie asegura haberse vuelto cristiano y anda dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México con una Biblia bajo el brazo.
Se le acusa de haber formado parte de La Federación, cártel en el que trabajaban en colaboración Joaquín El Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
La Procuraduría General de la República (PGR) lo señala también como uno de los operadores de la sangrienta guerra entre El Chapo y los hermanos Beltrán Leyva que se desató en enero de 2008, cuando se fracturó La Federación.
Además se le acusa de haber sido brazo derecho del Barbas y responsable de reclutar y manejar a sus grupos de sicarios, entre ellos Los Números y los Maras, así como de encargarse de la logística del tráfico de drogas de Sudamérica a México y de México a Estados Unidos junto con Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio.
En los días finales de este sexenio, de acuerdo con algunas fuentes, La Barbie podría ser extraditado a Luisiana, donde una corte lo ha solicitado al gobierno de México para someterlo a juicio.
Según los testimonios de Jennifer y Mateo (nombres clave de Roberto López Nájera y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, testigos de cargo de la PGR), Valdez fue parte de una trama de corrupción en las fuerzas armadas en la que están involucrados los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Vargas Escorcia, Rubén Pérez Ramírez, el coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, acusados de diversos delitos relacionados con el crimen organizado.
Sin embargo, las más recientes declaraciones procesales de La Barbie están poniendo en entredicho el proceso penal contra los militares, señalados como presuntos cómplices del propio Valdez y de Arturo Beltrán Leyva.
En mayo pasado el general Ángeles, ya en retiro, y sus coacusados fueron detenidos en un operativo de la Secretaría de la Defensa y la PGR que desató una crisis en el Ejército y que mostró una cara política: los hechos ocurrieron mes y medio antes de las elecciones presidenciales, cuando en la Defensa empezaban los golpes y jaloneos para definir al sucesor del secretario Guillermo Galván Galván.
La principal víctima del operativo –Ángeles Dauahare– es un personaje cercano al PRI –y en especial a Enrique Peña Nieto–, partido que no se ahorró críticas a la lucha antinarco emprendida este sexenio.
Así, en la recta final de su sexenio, Felipe Calderón dejó al Ejército dividido y desacreditado.
En su momento, analistas en seguridad nacional advirtieron que la detención de los militares tenía todas las trazas de ser otra de las muchas pifias de la PGR, como el michoacanazo o la captura de Jorge Hank Rhon. Las declaraciones recientes de La Barbie apuntalan esta tesis.
Denuncia presiones
El pasado 26 de septiembre en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, hubo una diligencia clave en el caso de la PGR contra Ángeles Dauahare, Escorcia, Dawe, Pérez Ramírez, Hernández Soto y Reyna.
De acuerdo con la información que Proceso obtuvo de esa diligencia, La Barbie amplió su declaración inicial y afirmó ante el juez Raúl Valerio Ramírez que el pasado 21 de mayo –días después de la detención de los oficiales del Ejército–, funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) lo visitaron en el penal del Altiplano.
Asegura que lo hostigaron y amenazaron para que declarara contra los militares y que le mostraron fotografías para que los identificara, aunque él afirma que les dijo que no los conocía.
“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía, traían como unas veinte hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal al juez que lleva la causa penal.
“La primera vez que vinieron les indiqué que tenía que hablar con mi licenciado que estaba en Estados Unidos de América para ver si me convenía o no”, siguió narrando.
–¿Cómo supo que las fotografías que le fueron presentadas por la SIEDO eran de militares? –preguntó el abogado del general Pérez Ramírez en la ampliación de declaración en la que estaban presentes todos los acusados.
–Porque venían los nombres de las personas y unos venían vestidos como si ya estuvieran vestidos (de civil) y otros con ropa militar, incluso con gorra –respondió.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1881, ya en circulación)
