Ante la entrada en vigor de la Ley Federal contra el Narcomenudeo en
el estado de Chihuahua, el coordinador de los diputados del PRI en el
Congreso de Chihuahua, Enrique Serrano Escobar, reconoció que a pesar de
haber prorrogado esa legislación por un año, la nueva disposición será
inoperante ante las carencias económicas que prevalecen en las
corporaciones municipales.
Se le preguntó al congresista si realmente había rendido frutos el
aplazamiento otorgado por la mayoría priísta a los municipios y
respondió que las alcaldías y sus corporaciones policiacas nunca van a
estar preparados para enfrentar a los criminales organizados.
“Hay Ayuntamientos muy pequeños que están prácticamente en indefensión ante la delincuencia organizada, el narcomenudeo no es pequeño negocio, es parte de esa organización de criminales, son los puntos de venta de los grandes cárteles de la droga”, respondió.
Y agregó que si bien ya entró en vigor dicha disposición federal, no se pudo mejorar la capacidad financiera y la capacitación y equipamiento de las policías preventivas debido a que la Federación solamente ‘aventó’ una ley sin brindar los recursos necesarios para poder garantizarla.
Al hablar de los municipios grandes como Ciudad Juárez y Chihuahua, indicó que en su opinión no batallarán para hacer funcionar dicha legislación nacional, sin embargo, recalcó que los municipios pequeños son los que tienen menores capacidades y por ende están doblegados por el crimen organizado.
A su vez, su homólogo del PAN, Héctor Ortiz Orpinel, comentó que se reunió con el fiscal Carlos Manuel Salas la semana pasada quien le indicó que no hay capacidad financiera del Estado para poder financiar el combate a dicha problemática, sin embargo consideró que se trata sólo de una ‘cortina de humo’ para evadir su responsabilidad.
“No todo va a los municipios, a ellos les corresponde muy específicamente poner a disposición del juez o del Ministerio Público local a alguien que detengan con sustancia de esa naturaleza, con dosis personales”, argumentó.
Aclaró que el gobierno estatal está obligado a tener listos centros de rehabilitación para atender a las personas que se consideren enfermas de drogadicción, sin embargo, hizo énfasis en que a la fecha ha sido poca la difusión que ha existido respecto de esa responsabilidad.
“Apenas nos acaban de decir que hay 112 centros en el estado, sin embargo, ya hay cosas que ya se pueden estar operando, por eso planteamos que hiciéramos una política de Estado que viniera a resolver estos asuntos en este sentido, la persecución e investigación se deberá de ir dando poco a poco”, precisó.
ACLARA DIPUTADO: NO SERÁ LABOR OPERATIVA LA DE MUNICIPIOS
El combate al narcomenudeo en el estado de Chihuahua no significará un trabajo operativo para las Policías Municipales sino una labor de encausamiento de enfermos de drogadicción, según lo informó el diputado Jorge Ramírez Alvídrez, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Chihuahua.
“No es cuestión operativa de los municipios, sino que a quienes están enfermos debemos tratarlos como tal y a los narcotraficantes encausarlos penalmente, pero la Federación tiene su obligación y responsabilidad exclusiva en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada”, puntualizó.
El legislador indicó que se trata de una modificación a la Ley de Salud que define hasta cuánto, en porción, una persona puede transportar dosis personal como la mariguana, pastillas o cualquier droga. Sin embargo, dijo que cuando oficiales federales encuentren a una persona que tiene dosis para su propio consumo, y que después de una investigación se den cuenta que no es narcotraficante sino adicto, tendrá que ser puesto a disposición de los Municipios.
“Estos a su vez sabrán qué hacer con ellos, lo que corresponda, una multa, retención hasta por 72 horas, trabajo a favor de la comunidad o labores que tengan establecidas en el bando de Policía, y mandarlos a centros de rehabilitación”, expresó.
Recordó que lo que anteriormente sucedía es que cuando era detenido un grupo de personas con droga, la mayoría le daba ‘mordida’ a los oficiales de la Policía Federal, menos el que se robó –por ejemplo- la tostadora en su casa para venderla y comprar droga, por lo que lo presentaban ante los medios de comunicación como un capo del narcotráfico.
En ese sentido, argumentó que después de dos años recluido y sin derecho a fianza, un enfermo adicto salía de ‘la escuela del crimen’ hecho un delincuente por no haberle brindado la atención debida.
Somos insolventes para cumplir esta ley, dice el Ayuntamiento
El gobierno municipal a través del secretario del Ayuntamiento, Héctor Arcelús Pérez, se declaró insolvente para hacer frente a las nuevas facultades que les endosaron a partir de recientes reformas legales que entran en vigor hoy para la confrontación del narcomenudeo.
Sin embargo, el funcionario municipal aseguró que “esto no significa que el gobierno de la ciudad no va a acatar las disposiciones legales pero no las aplicarán con la eficiencia que espera la reforma”, toda vez que no cuentan con los recursos suficientes para rehabilitar a las personas adictas.
Como es del conocimiento público, este día entraron en vigor una serie de reformas que tienen su origen en la Constitución Política y en las leyes secundarias del estado, pasando por diferentes códigos en el ámbito político, penal y relacionadas con los derechos a la salud, a partir de lo cual las facultades para el combate a la venta a las drogas ilícitas en baja escala de ser un delito federal para convertirse en un delito del fuero común.
La reforma también dejó en manos de las autoridades municipales la responsabilidad de hacerse cargo de las personas que requieran de servicios de rehabilitación contra las adicciones, según explicó el secretario.
El funcionario puntualizó que el gobierno municipal ha estado trabajando en la capacitación de sus jueces de Barandilla que aplican el reglamento al bando del buen gobierno, así como a los oficiales de la Policía Municipal a quienes entrenan para que sepan cómo actuar.
Explicó que el personal de barandilla que opera en las estaciones policiales sólo van a clasificar; es decir, su obligación es canalizar a las personas detenidas, dependiendo de la cantidad de la sustancias prohibidas y el motivo de su posesión, a las autoridades pertinente como el Ministerio Público Federal o Fiscalía General del Estado.
Precisó que en las barandillas de la Policía Preventiva no contratarán personal especializado ni equipo médico para clasificar hacia qué autoridad canalizarán a los detenidos por la Policía Municipal.
Con respecto el trato a las personas con problemas de salud relacionados con las adicciones a las drogas, el secretario señaló que esta responsabilidad es competencia del Municipio en los términos de las disposiciones que entraron en vigor ayer, pero no cuentan con los recursos para cumplir con esta obligación dado que el proceso de tratamiento es muy costoso; además de que el ejercicio del presupuesto de egresos a estas alturas del año ya se encuentra muy comprometido.
Arcelús refirió que es muy difícil calcular el monto de recursos necesarios para abordar el problemas de las personas adictas en Ciudad Juárez como un tema de salud pública, ya que esto exige una inversión millonaria que el gobierno de la ciudad definitivamente no puede cubrir.
Comentó que además de la infraestructura también se necesitan recursos para la contratación del personal especializado, equipamiento médico y medicamentos.
Señaló que el único centro de rehabilitación donde tiene participación el Municipio –aunque no aporta recursos- es en las instalaciones operado por el Centro de Integración Juvenil en las antiguas instalaciones de la Escuela para Menores Infractores.
Sin embargo el propio gobierno municipal adoptó el tema de salud de los juarenses entre sus políticas públicas más importantes al crear por primera vez la Dirección General de Salud que paradójicamente ha puesto interés en este fenómeno.
El secretario dijo que ahora esperarán a que los legisladores del Congreso de la Unión tomen cartas en el asunto y en el presupuesto de egresos asignen los recursos necesarios para cumplir con los nuevos ordenamientos legales de una manera eficiente como se esperaría.
El Norte
Se le preguntó al congresista si realmente había rendido frutos el
aplazamiento otorgado por la mayoría priísta a los municipios y
respondió que las alcaldías y sus corporaciones policiacas nunca van a
estar preparados para enfrentar a los criminales organizados.“Hay Ayuntamientos muy pequeños que están prácticamente en indefensión ante la delincuencia organizada, el narcomenudeo no es pequeño negocio, es parte de esa organización de criminales, son los puntos de venta de los grandes cárteles de la droga”, respondió.
Y agregó que si bien ya entró en vigor dicha disposición federal, no se pudo mejorar la capacidad financiera y la capacitación y equipamiento de las policías preventivas debido a que la Federación solamente ‘aventó’ una ley sin brindar los recursos necesarios para poder garantizarla.
Al hablar de los municipios grandes como Ciudad Juárez y Chihuahua, indicó que en su opinión no batallarán para hacer funcionar dicha legislación nacional, sin embargo, recalcó que los municipios pequeños son los que tienen menores capacidades y por ende están doblegados por el crimen organizado.
A su vez, su homólogo del PAN, Héctor Ortiz Orpinel, comentó que se reunió con el fiscal Carlos Manuel Salas la semana pasada quien le indicó que no hay capacidad financiera del Estado para poder financiar el combate a dicha problemática, sin embargo consideró que se trata sólo de una ‘cortina de humo’ para evadir su responsabilidad.
“No todo va a los municipios, a ellos les corresponde muy específicamente poner a disposición del juez o del Ministerio Público local a alguien que detengan con sustancia de esa naturaleza, con dosis personales”, argumentó.
Aclaró que el gobierno estatal está obligado a tener listos centros de rehabilitación para atender a las personas que se consideren enfermas de drogadicción, sin embargo, hizo énfasis en que a la fecha ha sido poca la difusión que ha existido respecto de esa responsabilidad.
“Apenas nos acaban de decir que hay 112 centros en el estado, sin embargo, ya hay cosas que ya se pueden estar operando, por eso planteamos que hiciéramos una política de Estado que viniera a resolver estos asuntos en este sentido, la persecución e investigación se deberá de ir dando poco a poco”, precisó.
ACLARA DIPUTADO: NO SERÁ LABOR OPERATIVA LA DE MUNICIPIOS
El combate al narcomenudeo en el estado de Chihuahua no significará un trabajo operativo para las Policías Municipales sino una labor de encausamiento de enfermos de drogadicción, según lo informó el diputado Jorge Ramírez Alvídrez, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Chihuahua.
“No es cuestión operativa de los municipios, sino que a quienes están enfermos debemos tratarlos como tal y a los narcotraficantes encausarlos penalmente, pero la Federación tiene su obligación y responsabilidad exclusiva en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada”, puntualizó.
El legislador indicó que se trata de una modificación a la Ley de Salud que define hasta cuánto, en porción, una persona puede transportar dosis personal como la mariguana, pastillas o cualquier droga. Sin embargo, dijo que cuando oficiales federales encuentren a una persona que tiene dosis para su propio consumo, y que después de una investigación se den cuenta que no es narcotraficante sino adicto, tendrá que ser puesto a disposición de los Municipios.
“Estos a su vez sabrán qué hacer con ellos, lo que corresponda, una multa, retención hasta por 72 horas, trabajo a favor de la comunidad o labores que tengan establecidas en el bando de Policía, y mandarlos a centros de rehabilitación”, expresó.
Recordó que lo que anteriormente sucedía es que cuando era detenido un grupo de personas con droga, la mayoría le daba ‘mordida’ a los oficiales de la Policía Federal, menos el que se robó –por ejemplo- la tostadora en su casa para venderla y comprar droga, por lo que lo presentaban ante los medios de comunicación como un capo del narcotráfico.
En ese sentido, argumentó que después de dos años recluido y sin derecho a fianza, un enfermo adicto salía de ‘la escuela del crimen’ hecho un delincuente por no haberle brindado la atención debida.
Somos insolventes para cumplir esta ley, dice el Ayuntamiento
El gobierno municipal a través del secretario del Ayuntamiento, Héctor Arcelús Pérez, se declaró insolvente para hacer frente a las nuevas facultades que les endosaron a partir de recientes reformas legales que entran en vigor hoy para la confrontación del narcomenudeo.
Sin embargo, el funcionario municipal aseguró que “esto no significa que el gobierno de la ciudad no va a acatar las disposiciones legales pero no las aplicarán con la eficiencia que espera la reforma”, toda vez que no cuentan con los recursos suficientes para rehabilitar a las personas adictas.
Como es del conocimiento público, este día entraron en vigor una serie de reformas que tienen su origen en la Constitución Política y en las leyes secundarias del estado, pasando por diferentes códigos en el ámbito político, penal y relacionadas con los derechos a la salud, a partir de lo cual las facultades para el combate a la venta a las drogas ilícitas en baja escala de ser un delito federal para convertirse en un delito del fuero común.
La reforma también dejó en manos de las autoridades municipales la responsabilidad de hacerse cargo de las personas que requieran de servicios de rehabilitación contra las adicciones, según explicó el secretario.
El funcionario puntualizó que el gobierno municipal ha estado trabajando en la capacitación de sus jueces de Barandilla que aplican el reglamento al bando del buen gobierno, así como a los oficiales de la Policía Municipal a quienes entrenan para que sepan cómo actuar.
Explicó que el personal de barandilla que opera en las estaciones policiales sólo van a clasificar; es decir, su obligación es canalizar a las personas detenidas, dependiendo de la cantidad de la sustancias prohibidas y el motivo de su posesión, a las autoridades pertinente como el Ministerio Público Federal o Fiscalía General del Estado.
Precisó que en las barandillas de la Policía Preventiva no contratarán personal especializado ni equipo médico para clasificar hacia qué autoridad canalizarán a los detenidos por la Policía Municipal.
Con respecto el trato a las personas con problemas de salud relacionados con las adicciones a las drogas, el secretario señaló que esta responsabilidad es competencia del Municipio en los términos de las disposiciones que entraron en vigor ayer, pero no cuentan con los recursos para cumplir con esta obligación dado que el proceso de tratamiento es muy costoso; además de que el ejercicio del presupuesto de egresos a estas alturas del año ya se encuentra muy comprometido.
Arcelús refirió que es muy difícil calcular el monto de recursos necesarios para abordar el problemas de las personas adictas en Ciudad Juárez como un tema de salud pública, ya que esto exige una inversión millonaria que el gobierno de la ciudad definitivamente no puede cubrir.
Comentó que además de la infraestructura también se necesitan recursos para la contratación del personal especializado, equipamiento médico y medicamentos.
Señaló que el único centro de rehabilitación donde tiene participación el Municipio –aunque no aporta recursos- es en las instalaciones operado por el Centro de Integración Juvenil en las antiguas instalaciones de la Escuela para Menores Infractores.
Sin embargo el propio gobierno municipal adoptó el tema de salud de los juarenses entre sus políticas públicas más importantes al crear por primera vez la Dirección General de Salud que paradójicamente ha puesto interés en este fenómeno.
El secretario dijo que ahora esperarán a que los legisladores del Congreso de la Unión tomen cartas en el asunto y en el presupuesto de egresos asignen los recursos necesarios para cumplir con los nuevos ordenamientos legales de una manera eficiente como se esperaría.
El Norte
