México.- Un automóvil Sentra modelo 2007, cuyo valor ronda los 70 mil pesos, es uno de los bienes que la Procuraduría General de la República (PGR) pretende “arrebatar” a la delincuencia organizada a través del cuarto juicio de extinción de dominio que interpone en el sexenio.
Pese a que el gobierno federal fijó como una de las prioridades en la lucha contra el narcotráfico el debilitamiento de las finanzas y recursos económicos de los grupos delictivos, hasta el momento no ha obtenido con esta herramienta jurídica propiedades que representen una afectación relevante.
Actualmente la PGR sostiene otros tres juicios de extinción de dominio con los que pretende obtener el departamento de Cuernavaca, Morelos, donde fue abatido el capo Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes; un inmueble en Sonora en el que se halló armamento y una casa utilizada como narcotiendita en una colonia popular de la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal.
En el expediente 6/2011 solicitó al juzgado tercero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializada en Extinción de Dominio la propiedad del Sentra, cuyo dueño es Filmore Vargas González, detenido el 22 de mayo de 2010 por presunto lavado de dinero, delitos contra la salud y posesión de armas.
“Se pretende ejercer la acción de extinción de dominio del bien mueble consistente en el automóvil Sentra tipo sedán modelo 2007, color gris, número de serie 3N1AB61D57L696647 con placas de circulación MBF7749 del Estado de México”.
Vargas González fue capturado en la Ciudad de México por la Policía Federal con tres personas más, a quienes les aseguraron 133 mil dólares en efectivo, 11 kilos de cocaína, cartuchos, equipo de radiocomunicación, armas, 3 mil 620 pesos y el Sentra.
Por escollos legales, la PGR sólo ha presentado cuatro juicios de extinción de dominio a pesar de que esta figura jurídica es considerada una herramienta fundamental para afectar las finanzas del crimen organizado, lo que contrasta con las 60 demandas presentadas por el Gobierno del DF.
La administración federal prácticamente no ha utilizado la estrategia jurídica para arrebatar a las organizaciones delictivas propiedades y bienes debido a fallas jurídicas que lo impulsaron a enviar una iniciativa de reforma que permita perfeccionar la Ley Federal de Extinción de Dominio, que entró en vigor el 27 de agosto de 2009.
En agosto de 2010, el entonces procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, anunció una iniciativa de reforma, pues argumentó que se trata de una figura poco utilizada por la complejidad de conciliar un proceso civil con una averiguación previa de tipo penal.
El 3 de septiembre pasado la PGR envió la iniciativa a la Cámara de Diputados bajo tres ejes fundamentales: facilitar y fundar la extinción de dominio en información ajena a la indagatoria previa; evitar revelar información que pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas y eficacia de las indagatorias e impedir condicionar el éxito de la acción civil al resultado del juicio penal.
Pese a que el gobierno federal fijó como una de las prioridades en la lucha contra el narcotráfico el debilitamiento de las finanzas y recursos económicos de los grupos delictivos, hasta el momento no ha obtenido con esta herramienta jurídica propiedades que representen una afectación relevante.
Actualmente la PGR sostiene otros tres juicios de extinción de dominio con los que pretende obtener el departamento de Cuernavaca, Morelos, donde fue abatido el capo Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes; un inmueble en Sonora en el que se halló armamento y una casa utilizada como narcotiendita en una colonia popular de la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal.
En el expediente 6/2011 solicitó al juzgado tercero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializada en Extinción de Dominio la propiedad del Sentra, cuyo dueño es Filmore Vargas González, detenido el 22 de mayo de 2010 por presunto lavado de dinero, delitos contra la salud y posesión de armas.“Se pretende ejercer la acción de extinción de dominio del bien mueble consistente en el automóvil Sentra tipo sedán modelo 2007, color gris, número de serie 3N1AB61D57L696647 con placas de circulación MBF7749 del Estado de México”.
Vargas González fue capturado en la Ciudad de México por la Policía Federal con tres personas más, a quienes les aseguraron 133 mil dólares en efectivo, 11 kilos de cocaína, cartuchos, equipo de radiocomunicación, armas, 3 mil 620 pesos y el Sentra.
Por escollos legales, la PGR sólo ha presentado cuatro juicios de extinción de dominio a pesar de que esta figura jurídica es considerada una herramienta fundamental para afectar las finanzas del crimen organizado, lo que contrasta con las 60 demandas presentadas por el Gobierno del DF.
La administración federal prácticamente no ha utilizado la estrategia jurídica para arrebatar a las organizaciones delictivas propiedades y bienes debido a fallas jurídicas que lo impulsaron a enviar una iniciativa de reforma que permita perfeccionar la Ley Federal de Extinción de Dominio, que entró en vigor el 27 de agosto de 2009.
En agosto de 2010, el entonces procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, anunció una iniciativa de reforma, pues argumentó que se trata de una figura poco utilizada por la complejidad de conciliar un proceso civil con una averiguación previa de tipo penal.
El 3 de septiembre pasado la PGR envió la iniciativa a la Cámara de Diputados bajo tres ejes fundamentales: facilitar y fundar la extinción de dominio en información ajena a la indagatoria previa; evitar revelar información que pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas y eficacia de las indagatorias e impedir condicionar el éxito de la acción civil al resultado del juicio penal.
Creditos: Ignacio Alzaga www.milenio.com
0 comentarios:
Publicar un comentario