En primera instancia, esta obra, que se presentó como un trabajo académico, refleja lo mal que se encuentra el sistema de procuración e impartición de justicia en el Distrito Federal.
No hay nada qué regatearle al filme, porque como ésa hay muchas historias más en los juzgados que desafortunadamente no han salido a la luz pública y, por consiguiente, continúan en la impunidad.
Pero también hay que ver todo lo que está detrás del documental. Por un lado, habrá que decir que la fundación Renace, que preside Ernesto Canales Santos y con sede en Monterrey, Nuevo León, fue la encargada de recaudar fondos para que se realizara el documental.
Pues, bueno, resulta que esta fundación, encargada de apoyar a todo aquel que sufre de una injusticia judicial, según su página en internet, también está muy interesada en que se lleve a cabo la implementación de los juicios orales en todo el país. Y cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés)
El gobierno federal, a través del Fondo para la Seguridad Pública, ha destinado miles de millones de pesos para financiar la instalación de los juicios orales en las entidades del país, ello como parte de la reforma judicial que recientemente se aprobó en el Congreso.
Pero resulta que las entidades tienen hasta el 15 de abril próximo para entregar sus proyectos relacionados, porque de lo contrario no se les liberarán los recursos y no habrá cómo pagar la asesoría para este tema en el que “casualmente” participa Renace.
Tal vez ahora se puede entender por qué un documental que se realizó en el 2006 se presente en este año y, sobre todo, a unas semanas antes del 15 de abril.
¿Tal vez será para presionar y demostrar que el actual sistema de justicia no funciona y un hecho como el de Presunto Culpable sea un ejemplo contundente? Eso sólo lo sabrán en Renace y USAID.
PRESIÓN MEDIÁTICA. Tampoco se puede dejar de lado los tumbos que el Poder Judicial ha dado en este caso; por un lado, la juez 12 de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, concede una suspensión provisional en un juicio de amparo y determina suspender la exhibición y unas horas más tarde, el Sexto Tribunal Colegiado resuelve que el documental debe regresar a las carteleras.
En la resolución de los magistrados pesó más la presión mediática que el derecho al que tiene uno de los testigos, ya que no revisaron prueba alguna, y hoy buscan crucificar a la juez Blanca Lobo Domínguez.
Por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, también da una salida mediática a la solicitud de información que le hizo un juez federal sobre los permisos que se otorgaron para grabar la audiencia de Presunto Culpable.
Elías Azar dice que la grabación no se realizó en su administración, sino en la de José Guadalupe Carrera, pero tal vez olvida que se le requiere como presidente de una institución que es el tribunal, no como persona física, y por tanto tendrá que responder en tiempo y forma.
REFILÓN. Ya para cerrar, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) aseguran que no van a ofrecer disculpa alguna por las declaraciones que realizó Luis González Placencia sobre la elección de los 12 magistrados, tal y como lo pidió el presidente del TSJDF.
“Nadie se agravia porque le pidan transparencia”, responde el ombudsman capitalino. No cabe duda que estas dos instancias andan más que del chongo.
Joelruiz71@yahoo.com.mx
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