Heriberto Medina
Si alguien pretendía sepultar el tema de los supuestos problemas del Presidente Felipe Calderón con las bebidas alcohólicas, logró precisamente lo contrario.
El jueves 3 de febrero un grupo de legisladores federales desplegó una manta con frases en alusión al pretendido alcoholismo del primer mandatario, no habría pasado a más, no obstante, el asunto tomó un rumbo distinto y derivó en el despido de Carmen Aristegui, hasta entonces conductora del noticiero “primera edición” en la cadena MVS radio.
Por supuesto que resulta deplorable la agresión realizada por los diputados, sin embargo, la noticia no podía omitirse; los medios estaban obligados a cubrir el despliegue de la manta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, después viene la lectura del hecho, es decir, las opiniones de editorialistas, conductores y articulistas. Impensable opinar sobre el tema sin aludir siquiera a las acusaciones.
Aristegui informó sobre el asunto y su valoración consistió en considerar pertinente una respuesta seria y formal de la Presidencia de la República ante la acusación de los diputados, hasta aquí no encuentro ninguna falta de ética.
MVS asegura que la trasgresión de Aristegui fue la difusión de rumores como noticias, conducta prohibida en el código de ética de esa compañía, no obstante, el despliegue de la manta no fue un rumor, fue un hecho consumado. Hubiera resultado ridículo presentar una nota informativa diciendo: “diputados federales desplegaron una manta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, no podemos informar su contenido porque nuestro código de ética lo prohíbe”, o peor aún, omitir el exabrupto de los legisladores, eso sí sería una falta de respeto a la audiencia del noticiero.
Existen elementos para pensar en que fue la opinión de Aristegui lo que molestó, se podrá coincidir o no con su punto de vista pero despedirla por eso resulta un despropósito. Hay una regla no escrita, respetada antes aún por los medios de línea editorial más comprometida: el poder tiene derecho a presionar, a quejarse e incluso a incidir en lo que se publica o se deja de publicar, pero nunca a decidir sobre la plantilla de trabajadores.
Otro tema surge a debate, la publicación de aspectos relacionados con la vida privada de las personas, en este caso del Presidente de la República, sin embargo, estamos ante la cobertura de un hecho noticioso, en ningún momento se aseguró que Felipe Calderón fuera alcohólico. En el hipotético caso que en algún país, un reportero llegara a comprobar con documentos incontrovertibles que el jefe del poder ejecutivo sufre de adicción a alguna sustancia, resultaría perfectamente apegada a la ética la publicación de ese trabajo periodístico, se trata de un asunto de interés público dado que esa condición de salud afectaría las decisiones tomadas por el mandatario. Uno de los pocos documentos relacionados con el tema es el dictamen emitido por el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile, en él se indica que el periodista puede publicar aspectos de la vida privada sin consentimiento del afectado cuando “el conocimiento público de esas materias pueda modificar el juicio que la ciudadanía requiera tener de las personas que ejerzan autoridad política, administrativa o judicial”.
El asunto Aristegui se inscribe en esa permanente relación prensa - poder en donde las presiones son la constante y al parecer siempre pierden los mismos, Sería mejor estar discutiendo ahora el despido de tales o cuales periodistas porque su pluma, o su voz estaban a sueldo del poder, esa si es una falta de ética clara.
Al final del día los ríos de tinta seguirán corriendo, más por el despido de Aristegui que por el despliegue de la manta.
Si alguien pretendía sepultar el tema de los supuestos problemas del Presidente Felipe Calderón con las bebidas alcohólicas, logró precisamente lo contrario. El jueves 3 de febrero un grupo de legisladores federales desplegó una manta con frases en alusión al pretendido alcoholismo del primer mandatario, no habría pasado a más, no obstante, el asunto tomó un rumbo distinto y derivó en el despido de Carmen Aristegui, hasta entonces conductora del noticiero “primera edición” en la cadena MVS radio.
Por supuesto que resulta deplorable la agresión realizada por los diputados, sin embargo, la noticia no podía omitirse; los medios estaban obligados a cubrir el despliegue de la manta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, después viene la lectura del hecho, es decir, las opiniones de editorialistas, conductores y articulistas. Impensable opinar sobre el tema sin aludir siquiera a las acusaciones.
Aristegui informó sobre el asunto y su valoración consistió en considerar pertinente una respuesta seria y formal de la Presidencia de la República ante la acusación de los diputados, hasta aquí no encuentro ninguna falta de ética.
MVS asegura que la trasgresión de Aristegui fue la difusión de rumores como noticias, conducta prohibida en el código de ética de esa compañía, no obstante, el despliegue de la manta no fue un rumor, fue un hecho consumado. Hubiera resultado ridículo presentar una nota informativa diciendo: “diputados federales desplegaron una manta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, no podemos informar su contenido porque nuestro código de ética lo prohíbe”, o peor aún, omitir el exabrupto de los legisladores, eso sí sería una falta de respeto a la audiencia del noticiero.
Existen elementos para pensar en que fue la opinión de Aristegui lo que molestó, se podrá coincidir o no con su punto de vista pero despedirla por eso resulta un despropósito. Hay una regla no escrita, respetada antes aún por los medios de línea editorial más comprometida: el poder tiene derecho a presionar, a quejarse e incluso a incidir en lo que se publica o se deja de publicar, pero nunca a decidir sobre la plantilla de trabajadores.
Otro tema surge a debate, la publicación de aspectos relacionados con la vida privada de las personas, en este caso del Presidente de la República, sin embargo, estamos ante la cobertura de un hecho noticioso, en ningún momento se aseguró que Felipe Calderón fuera alcohólico. En el hipotético caso que en algún país, un reportero llegara a comprobar con documentos incontrovertibles que el jefe del poder ejecutivo sufre de adicción a alguna sustancia, resultaría perfectamente apegada a la ética la publicación de ese trabajo periodístico, se trata de un asunto de interés público dado que esa condición de salud afectaría las decisiones tomadas por el mandatario. Uno de los pocos documentos relacionados con el tema es el dictamen emitido por el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile, en él se indica que el periodista puede publicar aspectos de la vida privada sin consentimiento del afectado cuando “el conocimiento público de esas materias pueda modificar el juicio que la ciudadanía requiera tener de las personas que ejerzan autoridad política, administrativa o judicial”.
El asunto Aristegui se inscribe en esa permanente relación prensa - poder en donde las presiones son la constante y al parecer siempre pierden los mismos, Sería mejor estar discutiendo ahora el despido de tales o cuales periodistas porque su pluma, o su voz estaban a sueldo del poder, esa si es una falta de ética clara.
Al final del día los ríos de tinta seguirán corriendo, más por el despido de Aristegui que por el despliegue de la manta.
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