Un análisis reciente de la Comisión de Relaciones Exteriores Para América del Norte del Senado de la República reveló que el tráfico ilegal de armas proveniente de Estados Unidos hacia México, pese a los acuerdos internacionales, sigue contando con grandes facilidades por parte del gobierno norteamericano, lo que genera para las organizaciones criminales que operan en nuestro país "condiciones propicias para alimentar y reforzar sus aparatos de violencia".De acuerdo con el análisis que sirvió para que el Senado acordara lanzar exhortos tendientes a "exigir" e "invitar" al gobierno de Estados Unidos a tomar acciones y ratificar los acuerdos firmados al respecto con nuestro país y la comunidad internacional, los estados de California, Arizona y Texas son los principales puntos de origen de las armas que luego de ser adquiridas con grandes facilidades son trasladadas ilegalmente a nuestro país a través de 19 puntos de cruce formal y un número indeterminado de cruces informales, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República.
El informe Tráfico de Armas México–USA, publicado a fines de 2008 –del cual la comisión senatorial toma algunas cifras– indica que para esas fechas a lo largo de la frontera norte cruzaban hacia México alrededor de dos mil armas diarias a un ritmo aproximado de un arma cada 44 segundos, de las cuales cerca del 70 por ciento eran ingresadas por la vía del tráfico hormiga por las ciudades de Juárez y Tijuana.
En el informe se destaca que en el caso de Chihuahua existen cuatro cruces formales y 300 brechas que cruzan la frontera entre Ojinaga y Ciudad Juárez, a través de las cuales se contrabandea a diario armamento proveniente de Estados Unidos, oculto generalmente en vehículos terrestres, llantas de refacción, respaldo de asientos u oquedades especiales fabricadas en las carrocerías, entre otros medios.
En el análisis, los senadores señalan tener conocimiento de que en Estados Unidos existen alrededor de 100 mil permisionarios de venta de armas, de los cuales unos 12 mil se ubican en la zona fronteriza con México, con lo que puede advertirse que "hay un enorme mercado legal que tiene muy escaso control en la venta de esas armas".
También se expone que el Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene una perspectiva diferente a ese respecto al especificar que sólo hay seis mil 700 sitios de venta al menudeo, entre tiendas y casas de empeño en la frontera con México, de un total de 55 mil existentes en el vecino país del norte, además de señalar que "de las armas decomisadas en México y rastreadas, el 39 por ciento provenía de tiendas en Texas, el 20 por ciento de California, el 10 por ciento de Arizona, y el resto de otros estados".
Precisa que sin embargo las tiendas especializadas, las ferias y las casas de empeño son justamente los principales lugares de compra de armas "cada vez más letales y poderosas" que, debido a que no existen límites para su posesión y portación en Estados Unidos, y aprovechando los huecos legales que permiten su adquisición a través de terceros, son luego trasladadas ilegalmente a México.
"Así las fronteras de Arizona y Texas son el paraíso de los traficantes que introducen a México la mayoría de las armas", afirman los senadores, y agregan que Arizona, junto con los estados de nevada y Utah forman parte del llamado Triángulo UZI, debido a que "tienen el mayor número de fabricantes de armas de asalto en la Unión Americana", citando una advertencia del Centro de Políticas contra la Violencia.
El análisis destaca también afirmaciones del investigador Luis Astorga, para quien los estados de Arizona, Nuevo México y Texas representan la parte fundamental del problema "por las facilidades que hay en la región para adquirir armas potentes y municiones sin límite", no sólo de fabricación norteamericana, sino provenientes de China, Alemania, Italia, Bélgica, Rumania, Japón, España y Austria, que primero son importadas legalmente a territorio norteamericano, para ser desviadas luego al mercado ilegal hacia México, a precios que oscilan entre los 800 y los dos mil dólares, según el modelo, la marca, la antigüedad, etc".
"La competencia entre las organizaciones ha escalado los niveles de violencia y la necesidad de armas cada vez más potentes para lograr mayor ventaja en la defensa y el control territorial, la eliminación de rivales, para enfrentarse a las autoridades, controlar a los miembros de las organizaciones y asegurar el cumplimiento de las transacciones", puntualiza el dictamen de la comisión senatorial.
Plantea que en orden de importancia en este renglón, según la potencia del armamento que les ha sido decomisado, están las organizaciones del Golfo–Zetas, la de los Arellano Félix, y la que el Gobierno federal denomina como "Del Pacífico y grupos afines".
Puntualiza que los decomisos de armas en México no han sido producto de investigaciones, y que su detección se ha dado como resultado de los enfrentamientos entre bandas rivales y en cateos realizados por mera casualidad.
"Las regulaciones sobre la compra de armas en Estados Unidos son débiles", señala el documento al citar palabras de Luis Astorga, quien denuncia que estados fronterizos con México como Arizona, Nuevo México y Texas "no limitan el número de compras de revólveres, armas de asalto o cartuchos de municiones y aunque se requiere la verificación de antecedentes para comprar armas a comerciantes autorizados, un delincuente puede pagar a personas sin antecedentes, facilitando la compra de armas de alto calibre sin preguntas de por medio".
Ante esta y otra serie de conclusiones, el Senado de la República, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores (SRE) para América del Norte planteó cuatro puntos de acuerdo para exhortar en primer lugar a la Secretaría de Relaciones Exteriores "a que reitere al gobierno de Estados Unidos de América la importancia de la ratificación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados adoptada por la Organización de los Estados Americanos".
Asimismo, requiere a la SRE a que invite al gobierno estadounidense a aceptar e instrumentar plenamente el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Ligeras, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Como segundo punto, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores "a que siga promoviendo reuniones de trabajo con el gobierno de Estados Unidos, orientadas a analizar el flujo ilegal y masivo de armamento de alto calibre hacia México", además de exhortar –como tercer punto– al Gobierno federal "a que instruya al Consejo Nacional de Seguridad Pública a adoptar las medidas necesarias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de explosivos que se destinan a las acciones relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales".
En el cuarto punto, el Senado de la República insta al Ejecutivo federal "a implementar medidas que refuercen la vigilancia en las aduanas, así como la infraestructura fronteriza con el fin de evitar el flujo ilegal de armas"
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