Juan Sánchez Aldana trata de justificar lo injustificable, indica el presidente del Congreso estatal, que asegura que la administración del ex presidente municipal de Zapopan fue “la más corrupta de la historia”.
Para el presidente del Congreso de Jalisco, Jesús Casillas Romero, el ex presidente municipal de Zapopan, el panista Juan Sánchez Aldana, tiene sólo tres escenarios tras que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) le fincó cargos por 1,369 millones de pesos (mdp) por anomalías detectadas durante el último año de su Administración (2009): restituir el monto, “la cárcel” o que se convierta en un prófugo de la justicia.
La ASEJ determinó que en el ejercicio fiscal 2009 de la Administración de Sánchez Aldana en Zapopan, se detectaron irregularidades con un valor de 1,369.8 millones de pesos, de los que 154.6 millones corresponden a manejos financieros; 368.9 millones a obra pública con recursos propios; 37.4 millones a obra pública con recursos del ramo 33; y 808.9 millones referentes a fraccionamientos, es decir anomalías vinculadas a la cesión de espacios públicos al ayuntamiento por parte de las inmobiliarias.
“¡Estamos hablando de una cantidad estratosférica! Y no lo digo yo, lo dice la Auditoría [ASEJ]”, comentó Casillas Romero. “Se confirma lo que de manera reiterada denunciamos durante toda su Administración”, agregó el actual diputado y presidente del Congreso, quien fue regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la gestión de Juan Sánchez Aldana (2007-2009): “La más corrupta de la historia, la más corrupta en términos de cargos [1,369’874,200 pesos]. A mi juicio, quedó corto por lo que me tocó ver”. Agregó que “en vez de haber buscado el cobijo de los panistas, [el ex alcalde] debió haber buscado un abogado. El señor está en problemas, no creo que la vaya a librar”.
Ante estos señalamientos, Juan Sánchez convocó a una rueda de prensa en las oficinas del Partido Acción Nacional (PAN) y aseguró que “es falso que existan irregularidades y desfalcos” pues, dijo, existen los contratos y la obra pública, y sólo requiere que le den acceso a los documentos para comprobarlo
El ex alcalde dijo que está en la “indefensión jurídica” porque la actual Administración municipal, que preside el priista Héctor Vielma Ordóñez no le ha entregado las copias certificadas que solicitó por escrito el 22 de octubre y el 29 de septiembre y que requiere para responder a los cargos que pretende fincarle el Congreso. Asimismo, se quejó de que el ayuntamiento le entregó de “forma irregular” los documentos originales a la Auditoría.
“Cuando yo recibí el pliego de observaciones el año pasado de parte de la Auditoría Superior inmediatamente nos dimos a la tarea de solicitar al municipio […] las copias certificadas de la documentación correspondiente, documentación que fue recibida por la Administración actual en el procedimiento de entrega recepción que nosotros hicimos, misma que no tuvo ninguna observación por [su] parte”.
El panista presentó un documento firmado por el actual director de Obras Públicas, Mario Alberto Bueno Trujillo, en el que éste reconoce que los documentos de los que solicitó copias certificadas no se encuentran en poder del municipio, sino de la Auditoría Superior.
Afirmó que las autoridades municipales están obligadas a entregar las copias certificadas solicitadas, y que es obligación de la Auditoría pedírselas al municipio. Señaló que ambas autoridades cometieron irregularidades al entregar y recibir documentos originales.
Respecto a las anomalías señaladas por la ASEJ, sostuvo que el cargo por 800 millones de pesos por el tema de los fraccionamientos, la sanción es indebida pues la suma se refiere al valor total de los fraccionamientos y no a los impuestos ni a los derechos. “Se habla de que los fraccionamientos se habla también de que los fraccionadores no pagaron los impuestos correspondientes, quiero decirles que se pagaron absolutamente todos los impuestos de acuerdo a la ley y toda la documentación comprobatoria y los recibos oficiales se encuentran en poder del municipio”.
Así que pidió a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado que regrese la cuenta pública a la Auditoría Superior, para que se le otorgue el derecho de defensa.
Al respecto de la argumentación del ex alcalde, Jesús Casillas calificó a Juan Sánchez de “cínico, sinvergüenza. Quiere engañar a los ciudadanos, pero quién le cree. Es tratar de justificar lo injustificable”.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas del Toro, informó por su parte que el dictamen no se modificará y que una vez que se le dé luz verde en la comisión que preside y por el pleno del Congreso del Estado, éste se publicará y tocará entonces a la actual Administración de Zapopan requerir al ex alcalde y a cualquier otro responsable de las anomalías el reintegró de los 1,369 millones de pesos.
Para el presidente del Congreso de Jalisco, Jesús Casillas Romero, el ex presidente municipal de Zapopan, el panista Juan Sánchez Aldana, tiene sólo tres escenarios tras que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) le fincó cargos por 1,369 millones de pesos (mdp) por anomalías detectadas durante el último año de su Administración (2009): restituir el monto, “la cárcel” o que se convierta en un prófugo de la justicia.
La ASEJ determinó que en el ejercicio fiscal 2009 de la Administración de Sánchez Aldana en Zapopan, se detectaron irregularidades con un valor de 1,369.8 millones de pesos, de los que 154.6 millones corresponden a manejos financieros; 368.9 millones a obra pública con recursos propios; 37.4 millones a obra pública con recursos del ramo 33; y 808.9 millones referentes a fraccionamientos, es decir anomalías vinculadas a la cesión de espacios públicos al ayuntamiento por parte de las inmobiliarias.
“¡Estamos hablando de una cantidad estratosférica! Y no lo digo yo, lo dice la Auditoría [ASEJ]”, comentó Casillas Romero. “Se confirma lo que de manera reiterada denunciamos durante toda su Administración”, agregó el actual diputado y presidente del Congreso, quien fue regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la gestión de Juan Sánchez Aldana (2007-2009): “La más corrupta de la historia, la más corrupta en términos de cargos [1,369’874,200 pesos]. A mi juicio, quedó corto por lo que me tocó ver”. Agregó que “en vez de haber buscado el cobijo de los panistas, [el ex alcalde] debió haber buscado un abogado. El señor está en problemas, no creo que la vaya a librar”.
Ante estos señalamientos, Juan Sánchez convocó a una rueda de prensa en las oficinas del Partido Acción Nacional (PAN) y aseguró que “es falso que existan irregularidades y desfalcos” pues, dijo, existen los contratos y la obra pública, y sólo requiere que le den acceso a los documentos para comprobarlo
El ex alcalde dijo que está en la “indefensión jurídica” porque la actual Administración municipal, que preside el priista Héctor Vielma Ordóñez no le ha entregado las copias certificadas que solicitó por escrito el 22 de octubre y el 29 de septiembre y que requiere para responder a los cargos que pretende fincarle el Congreso. Asimismo, se quejó de que el ayuntamiento le entregó de “forma irregular” los documentos originales a la Auditoría.
“Cuando yo recibí el pliego de observaciones el año pasado de parte de la Auditoría Superior inmediatamente nos dimos a la tarea de solicitar al municipio […] las copias certificadas de la documentación correspondiente, documentación que fue recibida por la Administración actual en el procedimiento de entrega recepción que nosotros hicimos, misma que no tuvo ninguna observación por [su] parte”.
El panista presentó un documento firmado por el actual director de Obras Públicas, Mario Alberto Bueno Trujillo, en el que éste reconoce que los documentos de los que solicitó copias certificadas no se encuentran en poder del municipio, sino de la Auditoría Superior.
Afirmó que las autoridades municipales están obligadas a entregar las copias certificadas solicitadas, y que es obligación de la Auditoría pedírselas al municipio. Señaló que ambas autoridades cometieron irregularidades al entregar y recibir documentos originales.
Respecto a las anomalías señaladas por la ASEJ, sostuvo que el cargo por 800 millones de pesos por el tema de los fraccionamientos, la sanción es indebida pues la suma se refiere al valor total de los fraccionamientos y no a los impuestos ni a los derechos. “Se habla de que los fraccionamientos se habla también de que los fraccionadores no pagaron los impuestos correspondientes, quiero decirles que se pagaron absolutamente todos los impuestos de acuerdo a la ley y toda la documentación comprobatoria y los recibos oficiales se encuentran en poder del municipio”.
Así que pidió a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado que regrese la cuenta pública a la Auditoría Superior, para que se le otorgue el derecho de defensa.
Al respecto de la argumentación del ex alcalde, Jesús Casillas calificó a Juan Sánchez de “cínico, sinvergüenza. Quiere engañar a los ciudadanos, pero quién le cree. Es tratar de justificar lo injustificable”.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Barajas del Toro, informó por su parte que el dictamen no se modificará y que una vez que se le dé luz verde en la comisión que preside y por el pleno del Congreso del Estado, éste se publicará y tocará entonces a la actual Administración de Zapopan requerir al ex alcalde y a cualquier otro responsable de las anomalías el reintegró de los 1,369 millones de pesos.
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