A contar alcaldes ejecutados

• Los asesinatos de presidentes municipales y funcionarios de los ayuntamientos del país ocurren desde hace al menos dos años, resultado, en su mayoría, de la lucha por territorios del narcotráfico.

Aún recuerdo aquellas llamadas a Chihuahua con Juan José García Amaro, corresponsal de Milenio Diario. Las tenía que hacer para pedirle "las carnitas". Así le llamaban los editores a los muertos. Todos los días había. A casi todos se les vinculaba con la guerra entre cárteles de la droga o algún enfrentamiento de militares contra narcos. En tantos meses que me tocó molestar al reportero para la actualización de este recuento, nunca le pedí un nombre. No era necesario.

Y es que no se trataba de si ejecutaron a Juan Pérez, si le cortaron la cabeza a Josefina Sánchez o descuartizaron a Pablo Rodríguez. No. ¿Para qué?

Se trataba de si eran 3, 4, 5 o 30 los muertos. Un párrafo o dos, con apenas algunos detalles de cómo los descubrieron.

Lo que contaba Juan José, se sumaba a los de García Davish -en Michoacán-, a lo de José Juan -en Guerrero-, a los de Iván Pedraza -Baja California-, y todo aquel corresponsal que pudiera aportar de una ejecución para arriba.

Ahora, el trabajo de éste ábaco macabro incluye nombre y puesto. Desde hace unos meses comenzaron a asesinar alcaldes. El último registro es de hace una semana. Le tocó a Gustavo Sánchez Cervantes, alcalde de Tancítaro, Michoacán. Y aunque su muerte no la vinculan con el narcotráfico, se suma a la lista de once ediles asesinados. Lista en la que hace unas semanas se sumó Prisciliano Rodríguez. Ni cómo olvidar a Edelmiro Cavazos.

Las agencias de noticias internacionales y los diarios, por supuesto, han cubierto los velorios. Las caras de las madres. El llanto. La imagen.

Si ya pasamos a esto en 4 años, desde que se combate la violencia con la violencia, quedan más de 700 días de incertidumbre.

Puede parecer lejano o imposible, pero ¿también se van a contar gobernadores, diputados, senadores? ¿Presidente? ¿Cuánto nos falta para llegar a eso?

Policías y detectives forenses en la escena del asesinato de Prisciliano Rodríguez, alcalde del municipio de Doctor González, Nuevo León . Foto: Tomás Bravo/ Reuters

Allí se opera y se siembra el miedo, y se arraiga la corrupción de las policías. En los últimos dos años han sido asesinados en las trincheras de los municipios más de 100 funcionarios públicos, presidentes municipales, alcaldes, regidores y mandos policiacos. En las regiones donde las organizaciones del narcotráfico extienden su poder, cientos de presidentes municipales han visto debilitada su gestión ante los embates de la violencia: el narco como un poder fáctico exige cuotas económicas y políticas, el control de las policías, patente de corzo para extorsionar y operar el negocio de la piratería, el de la trata de personas y el del robo de automóviles.
Los asesinatos donde los alcaldes y los funcionarios públicos son victimados tienen como finalidad, además de sembrar el terror, establecer el control de territorios, recursos y hasta de infraestructura que beneficie a los negocios del crimen organizado. Policías convertidas en sicarios con arma, placa y vehículos oficiales; funcionarios públicos en la nómina y políticos cómplices, todos dispuestos a acatar órdenes de quien detenta el poder mediante las armas.
Desde septiembre de 2008, el crimen organizado abarcaba 63 por ciento de los dos mil 441 municipios del país. Y el domingo 29 de agosto, Marco Antonio Leal García, presidente municipal de Hidalgo, Tamaulipas, fue asesinado. La ejecución fue perpetrada horas después de una reunión en la que participaron los 42 alcaldes de Tamaulipas, el actual gobernador de la entidad, Eugenio Hernández Flores, y también Higinio Torre Cantú, quien fuera electo como mandatario estatal en las pasadas elecciones después del asesinato de su hermano Rodolfo.

Funeral de Edelmiro Cavazos, alcalde de Santiago, Nuevo León, ejecutado el 18 de agosto luego de ser secuestrado por sicarios. Foto: Tomás Bravo/ Reuters

Sitio de la ejecución de Gustavo Sánchez Cervantes, alcalde interino de Tancítaro, Michoacán, y su secretario Rafael Equihua Cervantes. Foto: Reuters

LA ESTRATEGIA DEL CONTROL TERRITORIAL

El cuerpo de Edelmiro Cavazos, alcalde de Santiago, fue encontrado el 18 de agosto luego de ser secuestrado en su domicilio. Por este crimen fueron detenidos siete policías municipales involucrados en el crimen. Miguel Ángel Cervantes Sánchez, según la versión oficial detenido de manera incidental por el Ejército en la camioneta robada donde transportaba seis kilos de marihuana y un arma, confesó haber participado en el homicidio. En conferencia de prensa, el subprocurador de justicia del estado de Nuevo León, Javier Flores, informó que fueron dos los autores materiales del crimen, uno de ellos un personaje conocido como El Caballo, señalado como líder de Los Zetas en la región.
La noche del jueves 23 de septiembre, en la brecha conocida como Lomo del Coyote, fue emboscado cuando viajaba rumbo a su rancho Prisciliano Rodríguez, presidente municipal de Doctor González, Nuevo León. Una disputa por un terreno hizo que un sicario lo lo matara a cambio de seis mil dólares. Horas después la violencia política se extendió hasta la ciudad de Chihuahua, donde Ricardo Solís Manríquez, presidente electo del municipio de Gran Morelos, fue herido por un grupo de hombres que le dispararon cuando arribaba a una farmacia veterinaria a nueve kilómetros de la capital del estado.
Gustavo Sánchez Cervantes, presidente del consejo ciudadano de Tancítaro, murió lapidado en una brecha cercana a la comunidad indígena de Angahuán, próxima a Uruapan, junto a Rafael Equihúa Cervantes, consejero de asuntos agropecuarios. Los cuerpos fueron encontrados el domingo 27 de septiembre, un día después de la desaparición de los funcionarios públicos que encabezaban el Concejo Municipal formado luego de la desaparición de poderes en el municipio, el siete de diciembre pasado. Tancítaro se encontraba desde hace mucho cercado por el crimen organizado; el cinco de marzo de 2009 había sido secuestrado el secretario del ayuntamiento, Gonzalo Paz Torres, cuyo cuerpo fue encontrado dos días después, ejecutado. El 18 de octubre un grupo de integrantes de la policía municipal fue atacado, en el tramo carretero que va de Santa Catarina a El Aguacate, con ráfagas de metralla y granadas de fragmentación. La violencia continuó hasta que los padres del secretario y el síndico del gobierno municipal fueron secuestrados.
Eso bastó para que José Trinidad Meza Sánchez, presidente municipal, los integrantes del cabildo, varios funcionarios públicos y todos los integrantes de la policía municipal renunciaran. Las razones de esta renuncia fueron, como lo dijo en su momento el ex presidente municipal, “las presiones del narcotráfico”.
El pasado 10 de abril cerca de 100 hombres armados usaron dos tractocamiones para bloquear la carretera federal Chihuahua-Hermosillo. El bloqueo fue parte de la estrategia seguida para tomar por la vía de las armas las comunidades de Maycoba y Kipor. Dos hombres fueron ejecutados. Uno de ellos fue identificado como Fito Nevárez, padre del jefe de la policía local.
Abel Murrieta, procurador de justicia de Sonora, hizo un balance de los daños del ataque: “También incendiaron el edificio de la Policía Estatal de Maycoba, y en Kipor mataron a Antonio Lozano Bustillos, un ciudadano de 45 años”.

El alcalde de Gran Morelos, Chihuahua, Ricardo Solís, falleció luego de sufrir un atentado el 24 de septiembre. Foto: Reuters

EL HARTAZGO

El martes 20 de septiembre en Ascensión, municipio ubicado al norte de Chihuahua, fueron linchados dos presuntos secuestradores de una adolescente sobrina de un regidor del Ayuntamiento. La turba los dejó morir desangrados dentro de una patrulla de la Policía Federal. Cerca de 30 personas, erigidas como “representantes del pueblo”, se reunieron con el alcalde Lorenzo Camarillo Rentería a quien exigieron la disolución de la policía municipal. Los 17 policías que integraban la mínima corporación entregaron sus armas. Desde entonces en Ascensión existe un cuerpo de seguridad formado por los propios ciudadanos. La consigna con la que opera este grupo es la de que cualquiera que atente en contra de la seguridad de los habitantes del municipio será detenido y sancionado por los pobladores de Ascensión, tal y como ocurrió con los presuntos secuestradores linchados.
Para concluir, un dato: de acuerdo a los índices del Instituto para la Economía y la Paz, organización dedicada a la singular tarea de la medición de la paz y la democracia, para lo que toma en cuenta índices como el gasto militar, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la educación, México se encuentra en los últimos lugares a escala mundial. Ocupa la posición 107 con índices similares a los de El Salvador, Camboya y Camerún. De Latinoamérica está en el lugar 18, al lado de Colombia.


Con informacion de SDP Noticias /Milenio Semanal/Notimex

Politica Violencia 11:12:00 p. m.