Esta información —y otros gastos que la minera concedió a Julio Calderón, el excéntrico alcalde chiapaneco— fue dada a conocer por periódicos canadienses ayer, tras el inicio de la investigación que enfrenta la minera por violar la ley de Corrupción de Funcionarios Extranjeros. Pero ahí no acaba la cosa. La ONG MiningWatch, dedicada a la vigilancia de las operaciones del sector minero, está buscando ligar a esta empresa con el asesinato de una activistas de Chiapas quien, tras denunciar ilícitos cometidos por esta minera, apareció muerto.
Se trata de Mariano Abarca Robledo, activista que fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas. Miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), mantuvo un plantón, primero, afuera de la cabecera municipal para demandar se retirara a la minera Blackfire de la región. Al no obtener respuesta, mudó el plantón a las oficinas de la embajada canadiense. Todo parece indicar que su asesinato está intimamente ligado con la operación de esta empresa, y la ONG MiningWatch está buscando se investigue también a la firma por este delito.
En México, por el momento, no se está investigando ni al lujurioso alcalde, ni a la empresa que parece tener las manos sucias. Y no precisamente de carbón.
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